Atención : Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro: 68.900 euros

Se trata de un recorte que supera con creces los que han sufrido otros miembros de la Administración, en un intento por reordenar el caos retributivo en que se han convertido nuestros ayuntamientos, donde los sueldos se deciden al albur de los miembros de la corporación local. Porque si son Barcelona y Madrid las que mejor pagan a sus regidores, hay otros como Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Orense o San Sebastián, por poner unos ejemplos de capitales de provincia, que no les van a a la zaga, todo ello sin olvidar aquellos núcleos urbanos que sin ser cabeza de provincia retribuyen muy bien a sus alcaldes como Alcobendas, La Rozas y Pozuelo, todos ellos municipios madrileños, señala el digital VOZPOPULI.

Será la Ley de Presupuestos la que determine la retribución de los alcaldes y de los concejales en función de las características y dimensiones del municipio (se tendrán en cuenta cuestiones como la población o la capitalidad de Comunidad) y la futura Ley de Transparencia obligará a dar publicidad de las mismas, tarea que, hoy por hoy resulta casi imposible de conocer. Por otro lado, habrá que modificar la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) para rebajar el número de concejales que pasarán de los actuales 68.578 --según datos de Hacienda-- a 47.240, esto es, 21.338 menos, un 31,1 por ciento de reducción. Como es lógico, esta reducción no se producirá hasta celebradas las próximas elecciones locales, en mayo de 2015.

Además, la reforma conllevará no sólo la eliminación de las mancomunidades, con lo que se pretende ahorrar 700 millones, sino otras 3.725 entidades locales menores como pedanías y parroquias de toda España. En cambio, las diputaciones provinciales consejos insulares, cabildos y comarcas se convierten en las grandes "estrellas" de esta reforma al asumir la gestión de los servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los mismos que en un porcentaje superior al 70 por ciento no presentan sus cuentas anuales.

Hacienda eleva a 2.248 millones de euros lo que se puede ahorrar si las Diputaciones absorben la prestación de los servicios públicos obligatorios de los municipios de menos de 5.000 habitantes, cifra que se elevaría a 3.500 millones si se incluye a los de hasta 20.000 vecinos. Según el Instituto de Estudios Fiscales, que el Ministerio ha hecho suyo, el coste per cápita de la prestación de servicios en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613 euros, mientras que en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes es cuatro veces menor, 652,91.