El presidente electo de Guatemala denuncia un plan para atentar contra su vida

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las «medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de los políticos.

En el documento, la CIDH señaló que fue informada de que Arévalo fue sujeto de «vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte» que han incrementado «tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023».

Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.

Uno de esos planes, del que fue advertido su equipo de seguridad la semana pasada, cuenta con «participación de agentes estatales e individuos particulares», de acuerdo con la resolución de la CIDH.

Y un segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (Fiscalía) este mismo lunes, al que relacionaron con presuntas «estructuras criminales de pandillas».

Según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aún conociendo estas amenazas en su contra.

El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.

La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.

Como consecuencia, el organismo solicitó hoy formalmente a Guatemala que informe «sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados».