Si los ricos pagaran lo que deben, no habría que recortar

La deuda pública española es16,2 puntos menor que la de la Unión Europea.

Según datos de Eurostat, al final del año 2011 la deuda del conjunto de la Unión era del 82,2% del PIB, habiendo crecido desde el 59% en 2007 como consecuencia de la crisis. Los países grandes de la UE tienen una carga de deuda similar: Francia 85,2%; Alemania 81,8%; Italia 119,6%; Reino Unido 87%. La deuda española, aun habiendo crecido durante la crisis, es muy inferior: el 66%. Tenemos, por lo tanto, margen para un endeudamiento prudente, que permita consolidar los servicios públicos e impulsar programas de reactivación económica, mejorando la competitividad de las empresas.

Sin embargo, el déficit, a finales de 2010, era mayor en España (-9,3% del PIB) que en la media de la UE-27 (-6,6% del PIB). De los países grandes de la Unión solo Reino Unido, con -10,4%, tenía más déficit que España. Francia tenía -7,1; Alemania -4,3; Italia -4,6. La causa del déficit público no es el exceso de gasto, sino los bajos ingresos.

El gasto público español no está disparado: es 5 puntos menor que el de la UE-27.

Analizando los datos de las finanzas públicas de la UE-27 vemos que la media de gasto público en relación con el PIB era de 50,6%, mientras que en España era de 45,6%, 5 puntos menos, equivalente a 50.000 millones menos. El gasto público llega en Francia al 56,6% del PIB; en Alemania al 47,9%; en Italia al 50,3% y en Reino Unido al 50,4%.

Durante la crisis se ha aumentado el gasto público, principalmente, por el aumento del gasto en la prestación de desempleo y por las ayudas a las entidades financieras. Sin ese aumento, nuestro gasto público sería todavía menor. Es decir, en España el sector público puede y debe crecer. Cosa distinta es que haya que mejorar el funcionamiento de los servicios y evitar ineficiencias, lo que debe ser un objetivo permanente.

Los ingresos públicos en España son 7,8 puntos más bajos que en la UE-27.

El origen del déficit en España no está en el exceso de gasto, sino en los escasos ingresos públicos. En 2010 los ingresos públicos en España ascendieron a 36,3% del PIB frente al 44,1% de la UE-27, una diferencia de 7,8 puntos, equivalente a 78.000 millones de euros. En Francia los ingresos ascendieron al 49,5% (13,2 puntos más); en Alemania al 43,6%; en Reino Unido al 40,3%; en Italia al 45,8%.

Si España hubiera tenido unos ingresos similares a la UE-27, con el mismo gasto público realizado en nuestro país, habría tenido un déficit de 1,5 puntos en 2010, lo cual hubiera sido bastante razonable. No digamos si el volumen de ingresos sobre el PIB hubiera sido como el de Francia, entonces hubiéramos tenido un superávit de 3,9 puntos, alrededor de 39.000 millones de euros.

El Consejo Europeo plantea que se revisen los sistemas impositivos.

La Unión Europea insiste en que hay que reducir el déficit, pero no dice que haya que bajar los gastos. También es posible reducir el déficit recaudando mejor. En el último Consejo Europeo de Bruselas, celebrado los días 1 y 2 de marzo, en las conclusiones, punto 9, se dice textualmente:

“La política tributaria puede contribuir a la consolidación presupuestaria y al crecimiento…el Consejo Europeo invita a los Estados miembros, cuando proceda, a que revisen sus sistemas impositivos con el fin de hacerlos más eficaces y eficientes, suprimiendo las exenciones injustificadas, ampliando la base tributaria, aliviando la presión fiscal sobre el trabajo, mejorando la eficacia en la recaudación de impuestos y atajando la evasión fiscal. Se invita al Consejo y a la Comisión a que desarrollen con celeridad vías concretas para mejorar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales, también con respecto a terceros países…”. Más adelante, en la conclusión 21, se refiere a la fiscalidad energética, la base impositiva consolidada común del impuesto sobre sociedades, el impuesto de transacciones financieras, etc.

¿Por qué hay menos ingresos públicos en España?

El desplome de los ingresos fiscales en España entre 2007 y 2009 se debe, sobre todo, a la disminución de ingresos por el impuesto de sociedades y al aumento del fraude fiscal. Aquí es donde se debe centrar la acción de Gobierno y no en los recortes.

Por una parte, el fraude fiscal: la economía sumergida marca una diferencia importante entre España y la Unión Europea. Se estima que en España es un 22,5% del PIB, mientras que en la UE se sitúa en un 13%. El fraude fiscal en España supone una merma de recursos públicos de 70.000 millones de euros, de los cuales, más del 60% corresponde a grandes corporaciones y grandes fortunas. Si se pagaran estos impuestos, como los pagan la mayor parte de los ciudadanos españoles, se reduciría el déficit de forma drástica en 2012, sin necesidad de recortar.

Por otra parte, los impuestos sobre sociedades: durante los últimos años, los ingresos por impuestos sobre el capital han bajado significativamente. Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2010 (de la Agencia Tributaria), los ingresos tributarios líquidos totales se redujeron entre 2007 y 2010 en 41.100 millones de euros. La mayor parte de esa reducción fue en el impuesto de sociedades, desde 44.800 millones a 16.200 millones de euros. 28.600 millones menos. Una disminución de un 63,8% frente a una disminución de los ingresos por IRPF de 7,8%; o una reducción de los ingresos por IVA de 12,1%; mientras, los impuestos especiales mantenían su volumen de ingresos y superaban en cuantía al de sociedades.

En 2010 el resultado de las empresas españolas creció un 2,5%, pero la base imponible bajó un 15,5% respecto a 2009. En 2011, comparando las ventas con el 2010, las empresas del Ibex 35 crecieron un 14,42%: 66.000 millones de euros más. Sin embargo, sus beneficios “cayeron” un 33,99%, 17.000 millones menos. La imputación de costes de producción, la libertad de amortización de activos, la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores y el juego de diferentes tipos de deducciones logran que las rentas de capital tributen cada vez menos, aunque vendan más.

La reformas urgente que debería impulsar el gobierno de Rajoy es la reforma fiscal: reformar el impuesto de sociedades (suprimir bonificaciones, exenciones, y controlar su aplicación) y reforzar la lucha contra el fraude fiscal, con más inspectores, más medios y mejores normas. En definitiva, la prioridad para lograr la consolidación fiscal no es recortar políticas sociales, ni es recortar salarios con la reforma laboral. La prioridad es que los ricos, las grandes empresas, los grandes capitales, paguen sus impuestos con un esfuerzo proporcional al que hacen la inmensa mayoría de los contribuyentes.

FERNANDO LAMATA COTANDA
Diputado regional del PSOE por Guadalajara