“La racionalización de la estructura de la administración local, la eficiencia en la gestión y la eliminación de competencias impropias son los objetivos de la reforma de la administración local”

“El contenido de este Anteproyecto es una vieja demanda realizada desde los ayuntamientos, también desde el de Guadalajara. Es un asunto que se ha abordado en multitud de plenos municipales y que yo defendí cuando formé parte el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el anterior mandato. Siempre he hablado de la necesidad de racionalizar la gestión de la administración local, de que ésta reciba una financiación adecuada que garantice la prestación de los servicios y de eliminar las competencias impropias”.

Antonio Román realizaba estas declaraciones al inicio de una exposición en la que cifraba entre el 24 y el 26% el gasto medio que los ayuntamientos tienen hasta ahora como consecuencia de asumir competencias que no les corresponden. “Ese gasto –ha señalado- es en muchos casos el origen de desequilibrios en las cuentas y de retrasos en el pago a proveedores. Por lo que la reforma es necesaria. Por primera vez se eliminan las duplicidades y competencias impropias de las administraciones, ajustándose a los principios de sostenibilidad presupuestaria y estabilidad financiera. Ninguna competencia será ejercida sin su correspondiente dotación económica y en áreas como la sanidad y la educación, se establece un periodo transitorio de cinco años para el cambio de titularidad”.

El Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supone, asimismo, la implementación de un modelo de gestión por resultados, de evaluación de la gestión que busca transparencia, de manera que permita a los ciudadanos saber cuánto les cuestan los servicios públicos, cómo se administran y si son más caros o baratos que en otro municipio.

Tal y como ha explicado Antonio Román, en síntesis, esta reforma persigue tres objetivos:

• Evitar duplicidades entre administraciones bajo el principio de “una administración, una competencia”.
• Racionalizar la estructura de la Administración Local.
• Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso para que las administraciones no gasten más de lo que ingresan.

Por primera vez se define la lista de competencias de cada administración.-

Por primera vez se define la lista de competencias que deben ser desarrolladas por cada administración y los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conocer su coste real y comprobar si es eficiente. El diputado nacional ha explicado que si resulta que no se puede mantener el servicio y se trata de una competencia impropia, se deberá suprimir. Si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pasaría a las diputaciones provinciales. En el caso de los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, voluntariamente podrán decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una competencia duplicada, acordar su delegación, mediante acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente.

Las mancomunidades y entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. -

Esta reforma se caracteriza también por potenciar la gestión pública directa y fomentar el rigor y la transparencia en la gestión política. De hecho, se fijará a través de los Presupuestos Generales del Estado el límite de sueldo de los alcaldes en base al sueldo de los secretarios de estado, que oscila entre los 67.000 y los 100.000 euros. El sueldo de los alcaldes dependerá de la población de sus municipios.

También dependerá de criterios poblacionales el número de concejales que podrán estar liberados, así como el número de trabajadores eventuales. La aplicación de esta reforma, tal y como está planteada, supondría que quince alcaldes y concejales de la provincia tendrían que dejar de estarlo. También habría algunos ayuntamientos que tendrían que eliminar parte de su personal eventual.

En su condición de Alcalde de Guadalajara, Antonio Román ha explicado que esta reforma no afectará al Ayuntamiento de la capital, ni en número de concejales liberados ni en personal eventual. “Cuando llegué a la Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara ya reduje el personal eventual. Si hubiera seguido la tónica creciente de los años previos, posiblemente ahora sí tendría que eliminar algún puesto, pero no es así”.

El Gobierno estima que en sólo dos años, el gasto en altos cargos y personal eventual a nivel nacional se verá reducido en 145 millones de euros a través de esta reforma.