Juan Francisco López Garrido, expropietario de Gestesa, junto con el hijo de Ruíz Mateos, imputado por estafar a sus dos socios se enfrenta a 6 años de cárcel

En este sentido, Nueva Rumasa presentó una oferta ante notario que ascendía a 22 millones de euros, una cifra que duplicaba con creces la acordada. Esta maniobra obligaba al resto de propietarios de Gestesa, asistidos por el letrado José Antonio Choclán, a abonar dicha cantidad si querían evitar que Ruíz-Mateos se incorporase a su accionariado. De tal manera que finalmente la compra se cerró en este precio debido a la aparición en escena de Nueva Rumasa y a la plena convicción de los propietarios de Gestesa de que el interés de la familia Ruíz-Mateos era real.

Tras meses de pesquisas, la Justicia ha descubierto ya el pago de una comisión de 2,1 millones de euros a una sociedad interpuesta y controlada por los Ruiz-Mateos, Hispacom. Y ha acreditado que el único fin que guiaba a los dueños de Rumasa era aparentar un interés ficticio para inflar el precio de las acciones y lograr la correspondiente comisión. Lo que se perseguía era "simular una oferta de compraventa por parte la sociedad de Ruiz Mateos, en todo caso ficticia, emitida con la sola finalidad de obtener un indebido aumento del precio de las participaciones sociales, en concreto, la nada despreciable cifra de más de 13 millones de euros".

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid ha descubierto el pago de otra comisión dentro de la misma operación por valor de 600.000 euros a otro intermediario que participó en la compraventa en representación de Rumasa.

La sección Décimo quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ya ha analizado estas prácticas y ha advertido indicios de delito en ellas. Así, en la operación descrita ha ordenado paralizar el pago pactado tras concluir que la forma de actuar por parte de Nueva Rumasa “no es acorde a derecho”.

Añade que «ningún inversor medianamente avezado procede esa forma» y define textualmente la maniobra de los Ruiz-Mateos como una “oculta encomienda” que no tenía otro objetivo que el de «defraudar los intereses» del resto de socios de Gestesa. Pese al contundente pronunciamiento de la Audiencia Provincial, la Fiscalía todavía no se ha posicionado en relación a estas maniobras.