El PSOE recurre el aumento de asesores liberados en el gabinete de Guarinos

En julio de 2011, al constituirse la actual Corporación, Guarinos estableció un número de integrantes del Gabinete de Presidencia, que ahora ha optado por incrementar el número plazas de libre designación sin aportar ninguna justificación, más allá de asegurar que se trata de “una adaptación a las necesidades actuales”. También afirmó que no tendría coste adicional para las arcas públicas, pero ni adjuntó ningún informe del Servicio de Intervención para acreditarlo.

La portavoz socialista, María Antonia Pérez León, ha señalado que esta decisión pone en evidencia la diferente vara de medir que utiliza Guarinos. “Mientras se aumenta la jornada y se quita la paga extra al resto del personal, y se niega cualquier aumento de profesionales en los demás servicios, la presidenta no duda en actuar con discrecionalidad cuando se trata de poner más personal a su servicio exclusivo”, ha afirmado.

El recurso presentado por el Grupo Socialista se basa, además, en que la normativa vigente establece que tanto el número como las características y retribuciones del personal eventual deben establecerse al inicio del mandato y “solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales”. De hecho advierte de que cualquier cambio en las plantillas, incluido el personal eventual, requiere los mismos trámites necesarios para la modificación del propio Presupuesto –procedimiento de elaboración, aprobación inicial, publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor–, que han sido completamente despreciados por Guarinos.

La propia ley de Presupuestos Generales del Estado –que alcanza también al personal eventual, según señala una reciente sentencia del 23 de julio pasado, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que ha sido parte la propia Diputación– prohíbe la incorporación de nuevo personal “salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

A juicio del Grupo Socialista, todos estos preceptos han sido claramente vulnerados por la presidenta de la Diputación, que se limitó a utilizar la mayoría del Equipo de Gobierno en el pleno de la Corporación para crear una nueva plaza a su servicio sin ninguna razón que lo justificara y sin el mínimo apoyo documental.