Ley de Integridad Pública (II): Consecuencias de un desatino

La más grave de las consecuencias es que quedan cegadas las fuentes de información que tiene la Administración Pública, con carácter inmediato a través del Índice Único Notarial y de la Base de Datos de Titularidad Real y de Personas de Responsabilidad Pública, de los notarios, para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, de corrupción, de mafias, de tráfico de influencias y de eliminación de testaferros. El Ministerio Fiscal, la UCO y la UDEF, han perseguido la delincuencia en tales campos, a través de la consulta de esas bases notariales, en estos años, con más de 400.000 consultas. Esto no puede suplirlo ninguna base registral, porque en este caso el control no sería coetáneo al negocio jurídico, sino posterior y puramente formal, con lo que paradójicamente deja de tener sentido y función el Registro Mercantil, porque ya no se sabrá si publica algo cierto, o no. Es bueno recordar que en Polonia, hace años, se sustituyó el sistema notarial por el registral. El tráfico mercantil polaco ha sido contaminado masivamente por las mafias rusas. A día de hoy han vuelto al sistema notarial, pero el daño es ya irreversible.

Además, la inscripción constitutiva registral supone sujetar un negocio jurídico privado, a una autorización administrativa, lo que es incompatible con el respeto a la propiedad privada, reconocida en la Constitución y el Derecho Privado común; incompatible también con el Derecho Civil propio de las Comunidades Autónomas, especialmente el catalán y el vasco; e incompatible, en fin, debido a la publicidad registral, con la legislación de protección de datos.

Supone también una traba insufrible para el funcionamiento normal societario, porque no eres socio mientras tu condición de tal no esté inscrita, luego las sociedades no van a poder funcionar con una agilidad normal. Desde el punto de vista de la microeconomía, implica un gasto desmesurado para las pequeñas empresas, en beneficio personal exclusivo de los registradores mercantiles (en régimen, recordemos, de rentas de monopolio), y nos aleja del standard europeo de seguridad jurídica. Macroeconómicamente, expulsa de manera definitiva la inversión extranjera de España, porque no hay confianza económica, allá donde no hay seguridad jurídica, la cual queda completamente destruida, atrayendo en cambio a nuestro país, cualesquiera estructuras societarias opacas, o de origen mafioso.

Por todo ello, el Anteproyecto ha sido rechazado, de momento, por el Consejo General del Poder Judicial, por el del Ministerio Fiscal, por la Comisión General de Codificación, y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. ¿Por qué surge ahora, pues, este Anteproyecto de Ley, frente a un sistema, el notarial, que funciona y que ha sido puesto como ejemplo por el GAFI, la organización europea contra el blanqueo de capitales? Cuando se indaga, aparece la información, con los correspondientes datos objetivos: Los casos Gürtel y Plus Ultra, entre otros, tuvieron como fuente fundamental la información notarial, reservada a la Administración. Por demás, el Anteproyecto no nace del Ministerio de Justicia, sino del de Hacienda, sobre una memoria económica falsa o errónea, e impulsado por doña María Jesús Montero y el Colegio de Registradores, que a su vez contrató, en 2.019, a la sociedad de lobbies del exministro don José Blanco y del exalcalde de Vitoria, don Alfonso Alonso.

¿No será que la única manera de hacer opacos los pufos de entramados societarios relacionados con la alta política, es la transmisión en documento privado de participaciones societarias, con la colaboración necesaria del sistema registral? Saquen sus propias conclusiones.

José Manuel Benéitez Bernabé, es Notario de Soria.