¿Y después de Sánchez, qué?

El régimen del 78 es tan impresentable, que en una situación de hedor de fosa séptica, como es el final del sanchismo, es incapaz de articular una solución, porque ahí se juntan buena parte de las mentiras de la transición. El sistema se diseñó como un pacto entre oligarquías, que tuvo la virtud de dar una salida pacífica al franquismo, pero a cambio de una monumental estafa, que generó una partitocracia, es decir una oligarquía de partidos, en vez de una Democracia. Estoy harto de predicar en el desierto, algo que reconoció hasta Alfonso Osorio, vicepresidente con Suárez, y es que un sistema de listas cerradas y bloqueadas es oligárquico, no democrático, porque el pueblo se limita a decir amén a una lista de culovotantes, que deben todo a quien les echa de comer opíparamente, el jefe del partido. Si a un máximo de diez oligarcas, les diésemos voto ponderado, nos ahorraríamos el sueldo de los otros 340 diputados, y el Congreso serviría para lo mismo. Para nada. Y es mentira que esto sea un problema de Ley Electoral.

El mal está en la Constitución, cuyo artículo 68, establece como circunscripción electoral, la provincia, con lo que hace imposible, el único sistema auténticamente representativo, que son los diputados de distritos uninominales; es decir, la única manera de saber quién es tu diputado y que, en consecuencia, responda ante ti, no ante el jefe del partido. Algo -poco- se paliaría con listas abiertas, pero los partidos ya se encargarían de enviarte papeletas electorales premarcadas, como hacen en el Senado. ¿Tanto cuesta reformar el artículo 68 CE y después la Ley Electoral, para forjar una Democracia? Pero eso ha de hacerlo la oligarquía de partidos, sus beneficiarios.

El espectáculo patético se complementa con la respuesta de boca chica del CGPJ, a la agresión descerebrada de un tal Puente -por evidente orden de quien está en el centro de todas las tramas- a los fundamentos mismos del Estado de Derecho, y muy especialmente a la independencia judicial y de su soporte, la policía judicial. Las asociaciones judiciales y de fiscales de un lado, han pedido -con razón- contundencia, y las del otro costado, se han puesto a favor del gobierno, con un silencio vergonzante.

Es decir, las asociaciones judiciales actúan como partidos políticos, por algo que sucedió al principio de la Transición, y es que un Tribunal Constitucional politizado, declaró constitucional, algo a todas luces inconstitucional, que los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por el Parlamento, cuando una lectura equilibrada de la Constitución, reserva la potestad de elegir 12, a los Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. Y esto conduce a un CGPJ, que funciona, igual que el TC, por designación política, para que la política se imponga en última instancia, a la Jurisdicción ordinaria; es decir, al Derecho. En un sistema no corrupto; o sea democrático, y no partitocrático, la mayoría de 3/5 en la designación, permitiría elegir a alguno de los pocos juristas independientes que existimos, porque es una heroicidad ser independiente, en un sistema corrupto hasta la médula. Por ahí se podría continuar, con la dimisión del TC en pleno, y la elección de 12 Magistrados independientes.

La cuestión es que la corrupción sistémica ha creado un gobierno de gente destructiva, gracias a los apoyos de socios igualmente destructivos. ¿O no es destructiva la pretensión de desguazar España?, lo que además no sucederá y habrá sólo destrucción nihilista. ¿Cuál es el origen del problema? La desgraciada idea del café para todos, la ocurrencia de un iluso, de generalizar un problema para diluirlo. Sólo había que devolver los Estatutos de la II República, los de Cataluña y el país Vasco, así como el de Galicia, que no llegó a entrar en vigor. Pero la escalada de los agravios ya no tiene remedio. Puesto que ahora nos visita el Papa, sería muy buena idea, rezar.

Emilio Suñé Llinás es Catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid.