La aporía del Socialismo Democrático

Como vimos en mis artículos al respecto, el Estado Liberal tiene la función de producir un orden legal de libertad, mientras que a la sociedad civil correspondería la producción de bienes y servicios; lo cual, aunque no sea una ecuación exacta, sí es muy aproximada. El esquema se puso en cuestión, con el surgimiento del Estado Social, al finalizar la Iª Guerra Mundial (1919) y más aún con la crisis de 1929, cuando tanto desde círculos socialistas, como de los dueños del gran capital, se reclamó una mayor intervención del Estado en la economía, al imputar las causas de la crisis al supuesto mal funcionamiento de la mano invisible del mercado, que no es un mecanismo de relojería, de precisión absoluta. Así, cuando hay una sobreabundancia de fuerza de trabajo, no se puede condenar a la gente a la indigencia y sin duda el Estado debe intervenir, con subsidios temporales al desempleo, o políticas anticíclicas de obras públicas, vivienda, etc.; pero tengo para mí que el crack bursátil de Nueva York, se produjo por todo lo contrario, por deficiencias de regulación, que permitieron que varios grandes tenedores de acciones se retiraran de la bolsa al tiempo, de forma concertada, lo que provocó su hundimiento y la ruina de los pequeños inversores.

Quien falló fue el Estado, que no cumplió con su papel de producir y garantizar un orden de libertad e igualdad social, a través de la legislación antitrust, y de la observancia y garantía de su debido cumplimiento. Pero eso es ya Historia. Lo cierto es que triunfó la mítica de que el adecuado funcionamiento de la economía, y la garantía de la igualdad social, además de la libertad, requería de una intervención del Estado en la Economía, a la que no se puso límites, lo que forzaba, en la práctica, la desaparición del principio de subsidiariedad. Así, a partir de la IIª guerra mundial, sobre todo en la Europa occidental, se universalizó el modelo de Estado Social, que se suponía, corregiría las ineficiencias imputadas al modelo Liberal de Estado. El Estado, pasaría a producir un orden legal de libertad, y también de igualdad social, a través de su participación ilimitada en la producción de bienes y servicios.

Ello redundó en la consolidación de modelos de Estado Social, donde el Estado sería ya el mayor empresario de cada nación, al participar en la generación de alrededor del 50% del PIB, por lo que hay que dar la razón a Eduardo Punset, cuando decía que esos megaestados, tienen un poder de intimidación tal, que es incompatible con la libertad concreta. Si el Estado es el 50% de la Economía, los grandes negocios, e incluso pequeños, no son posibles sin contar con el Estado, y eso es la definición misma de corrupción, con la regresión a la época de Jorge III, que provocó la reacción liberadora de Adam Smith. Pero hoy parece que nada sucede, porque el Estado llamado social, es realmente un Estado electoral, con recursos sin límite, para repartir paguitas, a la base social del partido gobernante, a los medios de comunicación afines, y en general, para la compra de votos, que superando al antiguo caciquismo, ya no salen del bolsillo del cacique, sino del erario público, a partir del despropósito económico de comprar los votos de la clase improductiva, con la extorsión fiscal de los autónomos y demás clase productiva, a la que poco a poco no le compensa trabajar, con el efecto destructivo de la clase media y su rol social estabilizador.

Así nos hundimos en el colectivismo, con una burocracia galopante y despótica, que justifica su inútil existencia, con mil trabas al sector productivo y convenciendo a la gente de que se necesita más Estado, cuando es al revés, porque la gestión privada es en todo más eficiente. En lo público, Muface es mejor y más barata, en coste por usuario, que la seguridad social. Las pensiones por sistema de reparto, son una estafa piramidal, que se sostiene con parches y tarde o temprano estallará; cuando lo racional sería un sistema de capitalización, basado en el seguro obligatorio privado, que admite correctores sociales, para las personas con menos recursos. Pero no, las pensiones han de ser “públicas” y la sanidad y la educación también, aunque el modelo se precipite, en todos estos ámbitos, por un terraplén; sin embargo no cabe discutir la mítica del Estado, ni la igualdad basada en el reparto de la miseria.

La degeneración de la economía, va acompañada de la degeneración jurídica y política, puesto que la compra de más y más votos, a través de dádivas sin fin, exige ir directamente a la importación de votos foráneos, lo que no sólo satura y destruye al mismísimo Estado Social que legitimó la intervención sin límites, sino que exige recursos que el Estado no tiene, por lo que se ataca con saña la propiedad de la clase media, legalizando de facto, e incluso de iure, la okupación de viviendas. Así, el camino al colectivismo, el despotismo y la destrucción del Derecho, queda expedito. Cuando ya han ahogado la sociedad civil y la economía productiva, y el propio Estado ha dejado de cumplir sus funciones básicas, con el lógico corolario de envilecimiento del Derecho y de destrucción del orden y de la libertad misma, se genera una situación insostenible, al tiempo que esta alocada dinámica sigue exigiendo más Estado, con más pretextos fantasiosos de igualdad. El colectivismo, en el que chapotean casi todos los partidos, ha sido convertido en una droga dura que genera adicción, aunque nos lleve hacia el más absoluto de los desastres.

Emilio Suñé Llinás es Catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid.