No lo dicen los partidos ni la oposición. Lo dicen los tribunales. La justicia ha puesto negro sobre blanco lo que miles de guadalajareños llevan años sintiendo, sufriendo y denunciando: Guadalajara no está en la agenda política de Emiliano García-Page. El reciente auto judicial sobre El Fuerte de San Francisco no es una anécdota administrativa ni un simple toque de atención, sino la constatación formal de una dejación prolongada de funciones que solo puede explicarse desde la voluntad política de no actuar.
A Emiliano García-Page Guadalajara no le gusta. No le gusta política ni estratégicamente. Y cuando un presidente autonómico no siente afinidad por una ciudad, especialmente cuando no es dócil ni electoralmente cómoda, lo demuestra donde más duele: en la inversión, en los servicios públicos y en el abandono institucional.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha es demoledor porque obliga a la Junta de Page a ejecutar, con plazos tasados y advertencia expresa de consecuencias, una sentencia firme de 2017 que llevaba más de siete años siendo ignorada. El tribunal fija tiempos concretos para iniciar licitaciones, desbloquear expedientes, desalojar inmuebles y poner en marcha obras que deberían haberse ejecutado hace años. Y lo hace advirtiendo sin rodeos de multas coercitivas e incluso responsabilidades penales si la Junta persiste en su inacción. Que un órgano judicial tenga que llegar a este extremo para forzar a un gobierno a cumplir la ley no es un problema técnico: es un fracaso político de primer orden.
Hace ya años, un artículo en este mismo medio denunciaba que mientras en otros países se levantaban hospitales en cuestión de días, Guadalajara acumulaba más de una década de promesas incumplidas. Hoy, parte del nuevo hospital está funcionando, sí, pero el dato relevante no es ese. Lo relevante es la tardanza crónica, la improvisación y la ausencia de planificación, que han convertido una infraestructura esencial en un símbolo de demora permanente. La política sanitaria de Page llega tarde, mal y a medias.
Pero todo este abandono no puede entenderse solo desde el sectarismo territorial. Hay una causa más profunda y más incómoda: la mediocridad del equipo de gobierno que rodea a Page. Una gestión sin proyecto, sin ambición y sin capacidad técnica que ha llevado a Castilla-La Mancha a convertirse en el furgón de cola de España en indicadores clave como sanidad, competitividad fiscal, atracción de inversión o infraestructuras, y de forma especialmente grave en niveles de pobreza y riesgo de exclusión social, con casi 719.000 castellanomanchegos (el tercio de la población) en esa situación según los últimos informes. A esta radiografía se suma una sanidad que no despega: la lista de espera quirúrgica del Hospital de Guadalajara ha alcanzado los 6.834 pacientes, la cifra más alta de toda su historia desde 2005, un récord negativo que retrata el colapso del sistema y la incapacidad de la Junta de Page para dar respuesta a una demanda asistencial básica. La región es, además, la única en España donde la carrera profesional sanitaria lleva años paralizada, dejando a miles de profesionales sin reconocimiento y agravando la fuga de talento de la región. Informes recientes sitúan asimismo a Castilla-La Mancha entre las comunidades con menor número de médicos por habitante, penalizando gravemente la cobertura sanitaria y el acceso efectivo a servicios esenciales. No es una opinión, son datos reiterados año tras año. Cuando una comunidad autónoma acumula más población vulnerable, listas de espera sanitaria récord, peores servicios públicos, inversiones raquíticas y sentencias judiciales incumplidas, el problema no es coyuntural: es un modelo de gobierno fallido, más preocupado por mantener equilibrios internos de partido que por combatir la pobreza real y mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía.
Y mientras tanto, Guadalajara sigue esperando. Esperando inversiones, esperando respeto institucional, esperando no ser tratada como territorio de segunda. Municipios “amigos” reciben atención preferente de Page, rompiendo el principio de igualdad; la capital crítica, incómoda y no alineada paga el precio del sectarismo. No es olvido: es selección política.
Esto no va de siglas. Va de cumplir la ley, de ejecutar sentencias, de no necesitar a los tribunales para hacer lo que es obligatorio. Va de no utilizar a una ciudad entera como daño colateral de estrategias partidistas. Cuando la justicia tiene que recordar a un gobierno sus deberes más básicos, algo se ha roto en el contrato democrático.
Al igual que a Machado le dolía España, a mí me duele Guadalajara, y quiero para mi ciudad y región lo mejor y a los mejores.