REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
Una de los dos empresarios detenidos ayer en Guadalajara por un fraude a la Seguridad Social de más de 1,7 millones de euros es el empresario Alberto López Armada, cuyas empresas han realizado trabajos municipales adjudicados por el Ayuntamiento guadalajareño desde 2007. La Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central, con la colaboración de la Brigada provincial de Policía Judicial de Albacete, detuvo en Guadalajara a Alberto López Armada y a otra persona, identificada como A.R.T., acusadas de un fraude a la Seguridad Social de más 1,7 millones de euros generados por un grupo empresarial por impagos de las cuotas. SIGUE
Según informó la Policía en una nota, el administrador de las sociedades investigadas cometió presuntamente un delito de insolvencia mediante el cierre y apertura de nuevas sociedades, a medida que estas se endeudaban.
Fuentes policiales han confirmado a Efe que uno de los detenidos es López Armada, un empresario cuyo grupo de empresas -Alcarreña Bonaval de Servicios Auxiliares, Magerit Facility Services, Claraval Property Services, Global Risk Security España y Breogan Servicios Medioambientales- ha prestado servicios al Ayuntamiento de Guadalajara en varias áreas desde 2007.
El PSOE ha denunciado en varias ocasiones diferentes irregularidades presuntamente cometidas por López Armada, quien habría facturado al Ayuntamiento más de un millón de euros, una cifra que ha sido desmentida por el Gobierno municipal.
En enero de 2011, el portavoz socialista, Daniel Jiménez, denunció que el alcalde, Antonio Román, había adjudicado a dedo contratos municipales a "su amigo" López Armada, a lo que el regidor contestó desde su página en ´Facebook´, anunciando que se querellaba contra el concejal socialista por difamarle y le invitaba a denunciar las supuestas irregularidades en los tribunales.
El PSOE denunció en su momento que la adjudicación de algunos contratos se hicieron con "numerosas irregularidades", como la no aportación por parte de la empresa de los certificados de la Seguridad Social y Hacienda acreditando que estaba al corriente de pago, la falta de un informe de intervención o el hecho de que nunca se exigiera a la empresa ningún documento para asegurar el cumplimiento de la normativa legal en la contratación de sus trabajadores.
Por su parte, desde el Ayuntamiento siempre defendieron que, de haber irregularidades, el PSOE las habría denunciado en los tribunales y que éste no era el caso porque las adjudicaciones se hicieron debido a que las empresas de López Armada presentaron las mejores ofertas o ganaron los correspondientes concursos y que todo se hizo conforme a la legalidad.
Un nuevo episodio relacionado con este empresario tuvo lugar en agosto de 2011, cuando tres exempleados de una de sus empresas comenzaron una huelga de hambre que duró más de 10 días a las puertas del ayuntamiento, reclamando a la mercantil, que había sido adjudicataria de servicios municipales, cantidades que podrían llegar hasta los 7.000 euros.
Y el último episodio se vivió el pasado 1 de abril, cuando la empresa Breogán Servicios Medioambientales, también de López Armada, abandonó la Finca de Castillejos, cuya gestión le había sido adjudicada por el consistorio desde 2010 a razón de 70.000 euros al año
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