Maximiliano: "El Partido Popular aplica el principio de austeridad a ciudadanos y servicios públicos pero siempre se lo salta cuando hablamos de la banca"

Durante lo que queda del mes de marzo vamos a asistir en todo el conjunto del Estado al proceso de preparación por parte de los Ayuntamientos de los Planes de Ajuste establecidos en el RDL 4/2012, aprobado por el Gobierno de Rajoy el 24 de febrero pasado sobre la financiación para el pago a proveedores en Ayuntamientos y Diputaciones. "La necesidad de abordar una situación preocupante y que desde Izquierda Unida consideramos hay que hacer frente, como es el pago de las deudas pendientes a proveedores por parte de las Corporaciones Locales, ha sido aprovechado por el Gobierno de Rajoy para dinamitar el principio de la Autonomía local, al suponer en la práctica la intervención por parte del Estado de los Ayuntamientos" así de contundente se ha mostrado José Luis Maximiliano. SIGUE


"Además con esta decisión vuelve a ser la banca la principal beneficiaria de todo este proceso con préstamos garantizados por el Estado con un tipo de interés muy alto y riesgo cero, en principio un negocio de 18.000 millones de euros, que ascenderá a 35.000 con las CC.AA."
Para Izquierda Unida este RDL sigue sin afrontar el grave problema de la financiación municipal, pendiente desde la constitución de los primeros Ayuntamientos democráticos. Un problema que según Maximiliano, no ha sido abordado por ninguno de los distintos gobiernos centrales y se ha visto agravado en los últimos años por los recortes de los Fondos de colaboración con Ayuntamientos, "reducidos primero en un 50% por el Gobierno de Barreda y después a la nada por el actual gobierno de Cospedal".

Sobre el contenido del decreto Maximiliano ha criticado el hecho de que afecta a todos los Ayuntamientos por igual, "ha hecho tabla rasa independientemente de cómo hayan llevado a cabo su gestión". Desde IU consideran necesario recordar que una parte muy importante de las deudas que los Ayuntamientos mantienen con los proveedores y que hay que pagar es debida a la altísima deuda que a su vez tienen las CC.AA., en nuestro caso la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha con los Ayuntamientos. Afrontar esto sin haber tomado las medidas necesarias para que las Comunidades paguen lo que deben a los Ayuntamientos por la ejecución de inversiones compartidas y por prestación de servicios de titularidad autonómica, convenios, etcétera es, en palabras de Maximiliano "obligar a muchos Ayuntamientos a llevar a cabo una operación de crédito, que sería innecesaria si les hubiera pagado puntualmente la Comunidad, con los correspondientes gastos financieros derivados y las negativas consecuencias que van a tener los Planes de Ajuste impuestos ya que supondrán nuevos recortes para asegurar el dinero necesario para pagar a los bancos".
"Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene una deuda de aproximadamente 8 millones de euros, algo más de lo que le debe la JCCM, se va a ver forzado a suscribir esta operación, que solo durante los dos años de carencia le va a suponer en intereses un montante entre 800.000 y 1 millón de euros, dependiendo del tipo de interés final y durante el resto del tiempo los intereses más la amortización. Si la JCCM hubiera pagado no tendría que acudir a ella y se ahorraría esa cantidad más los intereses correspondientes durante 10 años", explica Maximiliano.
"Nuevamente la banca gana, compra dinero público al BCE a bajo interés y nos lo vende 5 o 6 veces más caro, con el beneplácito de la UE y los gobiernos respectivos. Por este sistema la banca española ha recibido 120.000 millones de € de los que solo una parte mínima, unos 35.000 millones van a ir a parar a la economía real a través de los proveedores, el resto servirá para hacer negocios especulativos que les proporcionan grandes beneficios y a la compra de deuda soberana de los Estados".

Para el también Portavoz en el Ayuntamiento de Guadalajara estamos "ante una nueva estafa a los ciudadanos para que los bancos sigan haciendo negocio con el dinero público, esta vez a costa de poner bajo sospecha la gestión de todos los Ayuntamientos, independientemente de su situación de partida".

En definitiva para la coalición con esta nueva medida del Ejecutivo de Rajoy se va a afrontar el pago a proveedores de la forma "peor y más cara posible para los Ayuntamientos, al no obligar a las CC.AA. a pagar a los Ayuntamientos lo que les deben" y se "dinamita" el principio de autonomía local.

Por otra parte y en relación con la prioridad de pago de los proveedores, Izquierda Unida ha destacado la "indefinición" del Gobierno, ya que según Maximiliano, en principio se habló de pagar primero a los que hicieran una quita de la deuda pero ante la oposición de las grandes empresas, el Gobierno "haciendo gala de su sensibilidad con la gran empresa y la banca", parece que ha decidido, según algunos medios de comunicación, que será la antigüedad de las facturas la que marque la prioridad.
"En Izquierda Unida consideremos que las prioridades de pago debieran ser en primer lugar a los trabajadores y empleados municipales y entre los proveedores, los primeros debieran ser los autónomos y la pequeñas empresas, subcontratas y empresas con ERES".

En cuanto a la postura que su formación política va a tener en las instituciones donde tengan representación, el Coordinador Provincial ha señalado que "con carácter general nos vamos a oponer a los planes de ajuste, derivados de este decreto puesto que tiene visos claros de inconstitucionalidad, atenta claramente a la autonomía municipal y supone una intervención de los Ayuntamientos por parte del Estado, opta por la solución más cara de las posibles y en la práctica la más beneficiada es la banca, que aprovechando el dinero público facilitado por el BCE a bajo interés, va a hacer operaciones sin ningún riesgo".

No obstante ha señalado Maximiliano que dada la diversidad de situaciones van a recomendar a sus concejales que no apoyen planes que incorporen despidos y/o supresiones de servicios, que propongan como prioridades en el pago a trabajadores, autónomos, pequeñas empresas, subcontratas y empresas con ERES, además de intentar que se mantenga dinero para poder realizar algún tipo de inversión, aunque sean pequeñas y en la medida que sea posible se intenten renegociar los pliegos de condiciones de los servicios privatizados.