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Según El País, el Gobierno de Sánchez/Iglesias se plantea CONGELAR el sueldo de los casi tres millones de FUNCIOINARIOS en 2021

REDACCION | Jueves 10 de septiembre de 2020
El Gobierno deberá decidir en las próximas dos semanas si los Presupuestos de 2021 incluyen una congelación del sueldo de los funcionarios o aprueba una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo.

Según informa este jueves el diario EL PAÍS, fuentes del Ministerio de Función Pública, que dirige la ministra Carolina Darias, aseguran que aún no han tomado ninguna decisión y que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos.

La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial.

“No sería descabellado que se congelara el sueldo de los funcionarios o se subiera muy poco”, concede un alto cargo, que admite que a pesar de las ayudas europeas las cuentas públicas están muy tensionadas. Otra fuente ministerial no niega que sea una posibilidad, pero evitan dar nada por cerrado.

El gasto de personal, que recoge las remuneraciones a los empleados públicos, es una de las mayores partidas de los Presupuestos. En las cuentas de 2018, que aún están vigentes porque han sido prorrogadas durante dos años, esa partida ascendía a más de 32.000 millones si se incluyen los créditos para clases pasivas para financiar las pensiones de los funcionarios.

En 2010, el anterior Gobierno de Zapatero redujo el sueldo de los funcionarios entre un 5% y un 7%.

No fue hasta 2018 cuando los funcionarios pudieron empezar a mejorar sus condiciones. Ya en plena recuperación, el exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, acordó con los representantes sindicales de los empleados públicos (UGT, CC OO y CSIF) una senda de subidas salariales hasta 2020. El pacto, que recogía otras mejoras como la reducción de la temporalidad pública, incluía unas subidas de entre el 6,1% y el 8,8% durante esos tres años, lo que permitiría recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la anterior crisis financiera.

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