REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
La subida de la Tasa de Agua y Alcantarillado aprobada recientemente por el Equipo de Gobierno del Partido Popular para el ejercicio 2014, no se va a repartir por igual a todos los usuarios, si no que va a tener especial incidencia sobre algunos colectivos, el pequeño comercio, especialmente bares y restaurantes, y aquellos usuarios que pagan esta tasa en Comunidad, como han informado desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital. SIGUE
Su Portavoz, José Luis Maximiliano, remarcaba que esta subida “salvaje” es consecuencia directa de la privatización del servicio, y que tal y como denunciaron en su momento, se ha producido al cuarto año de la prestación del servicio.
En cifras, explicaba Maximiliano, la subida del agua y el alcantarillado suponen un 34% y un 20% respectivamente, lo que supone que el conjunto de la ciudadanía de Guadalajara va a pasar de pagar 4.800.000 euros, a pagar más de 6 millones, por este servicio, lo que supone exactamente un incremento de 1.264.854 euros.
“Pero si la repercusión con carácter general es brutal, para determinados grupos de usuarios es especialmente gravosa, por un lado los pequeños comerciantes y dentro de estos los bares y restaurantes, que pasarán de pagar el alcantarillado a 0,33 € el metro cúbico a 0,56 € (un 70% de subida), y por otro lado, los vecinos y vecinas que reciben el servicio en Comunidad de Propietarios, que van a ver modificada la fórmula de cálculo de su término fijo” asegura.
En este segundo caso, el de los usuarios que pagan el agua en Comunidad, es decir que es ésta la que contrata con el Ayuntamiento y después liquida con cada vecino la cuota correspondiente, la modificación en la estimación del término fijo, según calculan desde IU, van a suponer incrementos que pueden superar el 400%.
En términos globales de la Tasa, esta aplicación diferenciada por colectivos de la subida del agua y alcantarillado, supone que estos dos grupos mencionados, unos 16.000 usuarios, van a asumir el 53% de la misma, 670.055 euros, del total de 1.264.854 euros que supone dicha subida.
Maximiliano ha explicado, tras haberse reunido con representantes de las asociaciones de vecinos y de organizaciones profesionales como FCG y la Asociación de Hosteleros, que la principal queja que les han transmitido estos colectivos, además de la subida en sí, es la ausencia total de información por parte del Ayuntamiento, siendo a raíz de reunirse con Izquierda Unida cuando han tenido conocimiento de la situación.
Como resultado de estas reuniones y tras el malestar mostrado por los afectados, Maximiliano ha comunicado que su Grupo ha elaborado un modelo de alegaciones, que ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados que lo deseen a través de su página web, estando abierto el plazo para presentarlas hasta el próximo 7 de diciembre.
Dichas alegaciones se sustentan en dos cuestiones fundamentales, detalla Maximiliano, la vulneración del principio de seguridad jurídica y porque no existe ninguna diferencia en la forma de prestar el servicio a estas comunidades para el 2014 que justifique este aumento brutal del coste.
“Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por Antonio Román, con esta decisión ha modificado unilateralmente las condiciones de contratación del suministro, no solo a quienes contraten a partir del 1 de enero, sino a quienes ya lo tenían anteriormente, vulnerando también los principios de buena fe y confianza legítima que se derivan del principio de seguridad jurídica, principios que, según la Ley de Procedimiento Administrativo vigente, deben regir las decisiones de la administración” asegura.
“También nos parece necesario señalar que durante el proceso de tramitación de la ordenanza y en el estudio de costes realizado al efecto, no se hacía referencia expresa y motivada de esta subida, muy por encima del incremento general, tal y como se establece en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
“En definitiva, el Ayuntamiento ha concentrado el 53% de la subida salvaje en estos dos grupos de usuarios, que representan un amplio sector de la población, unos 16.000 usuarios, y lo ha hecho sin informar de las razones previamente a los afectados, sin justificarla suficientemente y vulnerando un principio básico como es la seguridad jurídica, por lo que invitamos a los afectados y afectadas a que presenten alegaciones a estas medidas antes de que finalice el plazo el próximo día 7 de diciembre”, ha concluido.
Noticias relacionadas