Catedráticos y jueces decanos de Derecho Civil y Constitucional preparan una demanda judicial para que Sanchez e Iglesias respondan con su patrimonio personal por la gestión del coronavirus

Lo publica este domingo el digital OKDIARIO. Un informe de jueces decanos y catedráticos de derecho civil y constitucional de las Universidades de Valencia y Castellón abre la vía para la demanda que preparan varios despachos de abogados españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para exigir a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respon- sabilidades directas y personales por los daños causados en la salud de los ciudadanos, tras su gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

En el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, los expertos consideran que hay base legal para que los miembros del Consejo de Ministros respondan individualmente y con su propio patrimonio por las «acciones u omisiones de las Admi­nistraciones públicas implicadas en la gestión de esta crisis» que hayan provocado «da­ños que éstas tengan la obligación de resarcir con arreglo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico».

«Los daños sufridos por los ciudadanos con ocasión de la crisis del COVID-19 que las Administraciones hubieran po­dido prevenir adoptando ciertas medi­das de precaución» podrán ser indemni­zables «si la omisión de éstas supone una infracción del deber de cuidado exigible«. Algo que, en opinión de los expertos, se da en la gestión de la epidemia del coronavirus por parte del Gobierno español.

De acuerdo con la jurisprudencia actual esta responsabilidad personal de los miembros del Gobierno «podría aplicarse en los casos en los que la negligencia cometida incrementó significativamente la probabilidad de que la víctima sufriera el daño que final­mente se materializó», aún cuando «no pueda saberse a ciencia cierta si este se hubie­ra producido igualmente de haber actua­do la Administración con el cuidado exigible».

Según el informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO , argumentan que «no creemos que la concu­rrencia de fuerza mayor permita excluir totalmente la posibilidad de que las Ad­ministraciones públicas respondan pa­trimonialmente por los daños sufridos por los ciudadanos en el marco de esta crisis», apuntan los juristas que firman el primer informe que avala una eventual demanda indemnizatoria y colectiva ante el TJUE. Una responsabilidad económica que no sería justo, en su opinión, que a su vez recayese sobre las arcas públicas que financian esos mismos ciudadanos perjudicados.

Los perjuicios provocados por esta pandemia «seguramente eran inevi­tables hasta cierto punto, pero las Ad­ministraciones públicas españolas, con sus acciones y omisiones, han podido agravarlos o mitigarlos«. «El diferente im­pacto que esta pandemia ha tenido en países similares, en función de las dis­tintas precauciones adoptadas por sus respectivas autoridades, así lo indica», añaden.