Acertado editorial de ABC : Riesgos legales para el Gobierno de Sánchez, la Constitución sólo permite la suspensión del derecho a la libertad de movimiento si está decretado el estado de excepción, lo que no sucede

Gran repercursión ha tenido en la opinión pública española el editorial que el diario ABC publicaba el día de ayer.

Acierta ABC cuando señala que "del debate sobre las responsabilidades legales del Gobierno por la gestión de la pandemia hay que rechazar, como siempre, las tácticas oportunistas de picapleitos y la brocha gorda populista, para centrarse en los riesgos verosímiles que corre el Ejecutivo a la luz de la Constitución y de las leyes. España debe seguir siendo un Estado de Derecho sometido al principio de legalidad y al control judicial de toda actuación pública y privada. La excepcionalidad de la pandemia explica y ampara medidas restrictivas de la vida ordinaria de los ciudadanos, pero siempre en el marco del estado de alarma acordado el 14 de marzo. Y este tiene unos límites establecidos por la Constitución, y su ley reguladora de 1981, dentro de los cuales, a juicio de muchos juristas, no se encuentra la suspensión de derechos fundamentales como la que se está aplicando en estos días. Por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución sólo permite la suspensión del derecho a la libertad de movimiento si está decretado el estado de excepción, lo que no sucede. El decreto de alarma es aprobado por el Consejo de Ministros; el de excepción, por el Congreso. La cobertura legal del estado de alarma se queda corta para la pretensión declarada de paralizar el país".

Pero quizá donde el editorial da en el clavo y empatiza con el sentir generalizado de una gran mayoría de españoles es cuando desmonta la estrategia del Gobierno de Sánchez/Iglesias al resaltar que "la teoría de que el Gobierno tomó decisiones restrictivas cuando tuvo información científica suficiente ya es insostenible. Desde enero, la OMS advirtió del riesgo. Llegaron los primeros contagios, las primeras muertes, pero el Gobierno no sólo no prohibió actos multitudinarios, sino que los alentó (el 8-M). Si hubo prevaricación o negligencia penalmente sancionable puede sonar ahora a debate inoportuno, pero no lo es para quien ha perdido a un familiar y cree que no se atendió las alertas. El Ejecutivo se equivoca si piensa que sus decisiones son «actos políticos» exentos de control judicial. Esto es un Estado de Derecho".