Así se cocinó el aquelarre contra Rato

Rato lleva defendiendo, desde antes de que fuera nombrado presidente de la entidad financiera, que es necesario extraer los activos inmobiliarios de su balance, opinión refrendada en los últimos meses ante el empeoramiento del panorama económico. No olvidemos que en esta materia acumula una vasta experiencia. Fue vicepresidente económico en los Gobiernos de José María Aznar y posteriormente director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rato había tratado en varias ocasiones el asunto con su antiguo secretario de Estado de Economía y actual ministro del ramo, y también con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ambos eran conscientes de las graves dificultades que atraviesa el sector por el crecimiento de la morosidad. En el caso de Bankia, la situación era aún más delicada, ya que la entidad procede de una fusión de siete cajas. Primero tuvo que vencer las trabas políticas para su nombramiento por parte de los respectivos Gobiernos autonómicos, que tutelaban las cajas, y luego apartar a algunos políticos de los órganos de administración. Una labor todavía inconclusa, dado que el propio consejo de la entidad financiera es una amalgama de políticos y sindicalistas, más propia de una entidad del siglo XIX.

La presencia de cada consejero obedece más a las concesiones negociadas con cada una de las instituciones representadas en el consejo que al deseo del presidente. Véanse, por ejemplo, los sindicatos UGT y CCOO en la matriz de Bankia, que ahora cargan contra su gestión, o de Izquierda Unida, que exige responsabilidades a Rato, cuando desde hace más de una década tiene colocado a José Antonio Moral Santín como vocal a cambio de otorgar su apoyo a la gestión. Lo paradójico es que ninguno de ellos se pregunte cuál es su parte de la responsabilidad.

Luis de Guindos se mostraba comprensivo con las cesiones en el órgano de administración, pero se quejaba amargamente porque dos años después de la llegada de Rato no se hubiera planteado un cambio profundo en los consejos, tanto de Bankia como de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), tendente a su profesionalización.

El entorno del ministro proclamaba un lamento parecido con respecto a los órganos de gestión. El vicepresidente de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, tiene un perfil empresarial, aunque su trayectoria anterior fue política y vinculada al propio Rato. Desde los aledaños de Economía se lanzaban dardos envenenados sobre la gestión demasiado personalizada que ejercía el exvicepresidente del Gobierno. Se criticaba ferozmente, por ejemplo, que su antigua secretaria, Teresa Arellano, hubiera asumido prácticamente funciones de dirección general con poder sobre asuntos institucionales, de comunicación y de la obra social. Arellano es de una eficiencia fuera de toda duda y muy querida entre sus compañeros, que califican de zahirientes y fuera de lugar las acusaciones.

El principal inconveniente para el ministro provenía, sin embargo, del consejero delegado, Francisco Verdú, con quien en la entidad estaban muy satisfechos, pero a quien en el mundo financiero no se considera con prestigio suficiente para administrar el cuarto mayor banco de España. Verdú proviene de Banca March, el más saneado del sistema financiero español, aunque su tamaño es insignificante comparado con el de Bankia.

Rato y su equipo presumían de haber acometido el mayor ajuste de oficinas (800) y de plantilla de la banca española (3.800), aunque aún fuera insuficiente. También recapitalizaron sobradamente la entidad, hasta alcanzar un coeficiente de solvencia (core capital) del 10,6 por ciento, y contaban con un ambicioso plan de desinversiones, que pusieron en marcha con la venta de la participación de Mapfre América.

El plan garantizaba la obtención de beneficios durante este ejercicio, en opinión de sus responsables, aunque la mayoría de los analistas aseguraban lo contrario. Bankia no estaba ni está, por tanto, en quiebra. El problema es la morosidad imparable, que al término del primer trimestre alcanzó el 8,16 por ciento en el sector, al igual que en Bankia, y amenaza con trepar hasta cuotas jamás conocidas en nuestro país.

Los créditos problemáticos de la entidad financiera, algo más de 32.000 millones, según la polémica auditoría de Deloitte, representan alrededor del 20 por ciento de los de todo el sector. El argumento esgrimido por el equipo de Rato es que culpando a Bankia de todo no se solventan las dificultades, porque una gran parte del sector financiero atraviesa momentos críticos.

En el sector bancario se pensaba, sin embargo, lo contrario. La mayoría de las entidades, sobre todo alguna de las de mayor envergadura, colocaron hace muchos meses en su diana al banco. La campaña arreció justamente en la semana anterior al cese de Rato. El equipo gestor de Bankia está muy molesto, especialmente con las peticiones sobre intervención y troceamiento provenientes, sobre todo, del BBVA, cuyo presidente, Francisco González, llegó a ese puesto gracias a su nombramiento por Rato en Argentaria. Desde el banco azul se niega oficialmente tal acusación.

Los ataques al cuarto banco español fueron creciendo en tono y envergadura a medida que se acercaba el polémico decreto sobre la reforma financiera anunciada ayer por el Gobierno español.

Luis de Guindos pidió a los bancos, al poco de llegar al cargo, que quitara el dividendo para dedicar todo el resultado a saneamientos, como informó elEconomista. Las entidades cotizadas se negaron con el argumento de que se hundirían en bolsa. Entonces, Guindos siguió adelante con el anterior decreto, que obligó a provisionar 52.000 millones al sector por los créditos dudosos y se quedó cortó, y se olvidó de lo del dividendo. Pero con el recrudecimiento de la crisis volvió a las andadas. El sector aseguraba que el obstáculo esencial era Bankia y que resuelto éste, las aguas revueltas volverían a su cauce. De alguna manera, se trataba de un ataque indirecto al Gobierno, al que se acusa de mantener a Rato por sus vínculos políticos con Mariano Rajoy y, por supuesto, con Luis de Guindos.

El ministro de Economía, con el beneplácito del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, patrocinó la fusión con La Caixa de Isidro Fainé. Las negociaciones para la fusión de las dos entidades, celebradas a finales del año pasado, tropezaron con una fuerte repercusión política, ya que hubiera supuesto la absorción de las antiguas cajas madrileña y valenciana por la catalana. Pero no fue ésta la causante de su fracaso, ni tampoco los problemas de organigrama para hacer un hueco a Rato, sino que los números no salían. Las mareantes cifras de morosidad de Bankia eran demasiado para La Caixa. El brillante tándem de gestión de la entidad catalana, integrado por Fainé y Juan María Nin, se dieron cuenta rápidamente y abortaron la operación.

Rato intentó enmendar el escollo. Su plan era una fusión con uno de los bancos nacionalizados para alargar un año el plazo para la realización de provisiones. Su objetivo principal era Novagalicia Banco, por las afinidades políticas con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. La absorción de CatalunyaCaixa implicaba inconvenientes políticos, como se vio con La Caixa. Ni al Ministerio de Economía ni al Banco de España les gustaba el plan, ya que implicaba juntar dos entidades con problemas, lo que contribuiría a crear un agravio aún mayor.

El informe del FMI, que apuntaba con pelos y señales a Bankia como una entidad sistémica que había que sanear de manera inmediata, dio al traste con todo. El Fondo Monetario santificó en dos líneas una opinión que, aunque nadie se atrevía a expresar de forma oficial, compartían todos: el resto de los bancos, el gobernador y el ministro de Economía, quien hizo suyo el argumento para buscar un rápido desenlace para la entidad financiera.

Una semana después, el gobernador del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, volvía a la carga en Barcelona pidiendo una solución para la entidad.

Rodrigo Rato se puso manos a la obra para diseñar una hoja de ruta que presentar a Luis de Guindos. Prometió la profesionalización del órgano de administración y también la búsqueda de un nuevo consejero delegado con mayor prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Paradójicamente, ofreció el puesto a José Ignacio Goirigolzarri, quien le contestó con una sonora negativa. Era la segunda vez que lo hacía, ya que también lo sondeó antes de contratar a Verdú. La mala imagen de la entidad y el ofrecimiento de remuneraciones inferiores a la del sector impedían, en realidad, fichar a banqueros de renombre. En su día se barajaron otros nombres, como el exresponsable de América del Santander, Francisco Luzón, cuya remuneración estaba fuera del alcance de Bankia. Se llevó más de 60 millones por su salida.

El viernes 4 de mayo, Rato presentó a Luis de Guindos un plan para el saneamiento acelerado de Bankia. Unos días antes, el propio Rato salió al paso del aluvión de negros augurios, asegurando ante la prensa que Bankia estaba sana y no corría peligro. Su plan para despejar cualquier sospecha de duda era incrementar de manera inmediata en 6.500 millones las provisiones procedentes de la conversión de preferentes y las desinversiones. Planteó otra alternativa, la obtención de ayudas públicas por ese importe, y la constitución de un banco malo para aparcar los activos de manera eficiente. Una de sus obsesiones a las que el ministro se negaba permanentemente con el argumento de que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, le negaba el visto bueno tanto para inyectar dinero en el sector como para utilizar el aval del Estado para segregar sus inmuebles en sociedades públicas.

El equipo de Rato salió esperanzado del encuentro con el titular de Economía y creyó que había obtenido luz verde para la semana siguiente anunciar públicamente su plan de saneamiento. Concretamente estaba previsto para ayer. La iniciativa era muy parecida a la aprobada por el Gobierno, ya que elevaba hasta el 50 por ciento las provisiones para los créditos inmobiliarios sanos.

Rato explicó a Guindos que las cuentas presentadas a la CNMV no estaban auditadas porque, en opinión de Deloitte, existía un desfase patrimonial de 3.500 millones en la matriz de BFA.

Deloitte tenía un largo historial de desencuentros con Bankia, ya que como responsable de la auditoría de Banco de Valencia no detectó el agujero patrimonial, que abocó a su intervención por parte del Estado y causó un agujero a Bankia aún por determinar.

El equipo de Rato discrepaba con Deloitte sobre este presunto desfase, ya que era atribuido únicamente a la caída del valor en bolsa de Bankia desde su nacimiento desde 3,7 a 2,3 euros por acción. Deloitte estaba conforme con esperar hasta finales de mayo, según el plazo legal, para dar su opinión definitiva, ya que el plan extraordinario de dotaciones, pendiente del visto bueno oficial, cambiaba las dudas que se ponían sobre las perspectivas de futuro de la entidad. El reparo de la auditora, aireado al día siguiente por la prensa, no fue por tanto el detonante de la decisión de cesar al presidente, pero sí fue usado ante la opinión pública como tal.

Guindos conocía, al igual que Rato, la negativa de Goirigolzarri a desembarcar como número dos del banco, y también que aceptaría si se le proponía ser el número uno. Hasta ahora, disfrutaba tranquilamente de sus 52 millones de indemnización y no tenía gran interés por volver a un puesto de responsabilidad en la banca.

El domingo por la tarde, Guindos telefoneó a Rato y le anunció que había que tomar una decisión urgente sobre su futuro, porque la situación era insostenible. Le pidió que acudiera a las 8 de la tarde a una reunión en la sede del Ministerio de Economía con los presidentes de los tres grandes del sector -Emilio Botín, del Santander; Francisco González, de BBVA, e Isidro Fainé, de La Caixa- para discutir una solución. En el encuentro no hubo discusión alguna; Guindos le planteó con el apoyo de los demás que debía marcharse para no empañar la buena imagen del Gobierno y facilitar la reestructuración del sector. En medios oficiales, se admite que el ministro se rodeó de los banqueros ante el temor de que Rato opusiera resistencia a irse, como hizo el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro.

No fue así. Éste contestó tranquilamente que si eso es lo que quería el Gobierno, así se haría. En ese mismo momento, se pactó que el sustituto fuera Goirigolzarri, el candidato sondeado por Rato para consejero delegado. Al día siguiente, el presidente de Bankia difundiría un comunicado asumiendo la decisión como personal.

El lunes, antes de escribir el texto, telefoneó a Mariano Rajoy y le pidió que lo recibiera en La Moncloa. Éste lo hizo de inmediato. Se mostró cariñoso y comprensivo con Rodrigo Rato y le agradeció los servicios prestados al frente de la entidad financiera. Ni rastro de enfrentamiento entre los dos.

Entre los allegados a Rato se tiene la impresión de que todo forma parte de un plan diseñado desde hace tiempo. Las informaciones de que el Ministerio de Economía contribuyó a la mención expresa del FMI a Bankia, así como la preocupación por la entidad manifestada en privado, tensan el ambiente. También el gobernador del Banco de España, que hacía unas semanas aprobó el plan de viabilidad de Bankia, se despachó con declaraciones en contra de la entidad y, finalmente, emitió un comunicado muy crítico con su gestión. El aquelarre contra Rato hace tiempo que estaba cociéndose, sin que éste se percatara hasta el último momento de que era el principal invitado.