Sin embargo, en este grupo -denominado 'moduleros'- se ha concentrado gran parte del fraude fiscal ya que, algunos de estos profesionales emiten facturas a las empresas para que estas puedan deducírselas del Impuesto de Sociedades y aplicarse la deducción por IVA.

El Gobierno excluye del sistema de módulos a carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas.

Límite al efectivo en 2.500 euros
La limitación del pago en efectivo hasta 2.500 euros se ha inspirado en el sistema francés. Este tope sólo se aplicará a empresas, no al pago entre particulares, y las personas no residentes en España podrán pagar hasta 15.000 euros.

Además, el sistema exonera de la sanción, una multa del 25% de lo pagado tanto para el pagador como para el cobrador, al que comunique el fraude en un plazo de tres meses. Es decir, se recupera la figura de la delación fiscal.

Contra el vaciado de empresas en liquidación.-
Otras medidas aprobadas por el Gobierno se encaminan a evitar el despojo de activos de las empresas en liquidación. Así, se amplía la responsabilidad a los sucesores que reciban patrimonio antes del finiquito de la empresa.

Asimismo, se permitirá que la Agencia Tributaria adopte medidas cautelares durante los procesos penales por delito fiscal.

El objetivo es evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes. Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro en expedientes fiscales abiertos en los tribunales españoles, informa Europa Press.

"El deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos", señaló.