Guarinos: “Las sucesivas sentencias judiciales contra Pérez León demuestran lo mal que se ha gestionado anteriormente en materia de Personal”

“Hoy en día son una tras otra las sentencias que estamos recibiendo en esta Casa por culpa de quien era responsable de la gestión en materia de Personal durante el periodo 1999-2002, así como siendo la máxima responsable de esta Diputación entre 2007-2011”. Así lo ha manifestado la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa donde ha sido preguntada acerca de la condena a Pérez León por parte del Tribunal Superior de Justicia que se dio a conocer ayer por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical. Ante esta situación, Guarinos ha manifestado que “el actual equipo de Gobierno está tratando de imponer un poquito de cordura y de sensatez porque no se puede actuar de manera arbitraria o autoritaria”, incidiendo en que “no es la primera vez que lo varapalos judiciales demuestran lo mal que se ha gestionado anteriormente”.

La sentencia referida estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un sindicato en relación con la creación del Organismo Autónomo de Recaudación y reconoce igualmente que existió vulneración de otras normas sobre personal al servicio de las administraciones públicas. “El Estatuto Básico del Empleado Público exige que haya negociación en cuál debe ser el sistema de provisión de determinados puestos de trabajo, y la sentencia confirma que no hubo negociación, es decir, que se vulneró el derecho fundamental de libertad sindical”, ha apuntado Guarinos recordando también que, siendo Pérez León diputada de Personal, se aprobó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que costó mucho dinero a esta Casa porque se externalizó y se hizo tan mal que el Tribunal Supremo declaró la nulidad de pleno derecho de la misma, lo que viene a significar que se hizo mal desde el principio hasta el final”.

En este sentido, la presidenta de la Diputación se ha referido a otro caso flagrante que ha calificado como “el más escandaloso y el más grave de los que yo he conocido desde el punto de vista de una resolución judicial”. Se trata de las modificaciones que Pérez León realizó en el antiguo Hospital Ortiz de Zárate, hoy Complejo Sociosanitario de La Merced, cuando suprimió el puesto de director gerente y creó otros puestos de trabajo. Actuación que el TSJ calificó de “arbitraria”, incurriendo en “desviación de poder”. Así, se señala literalmente que “las actuaciones evidencian que la Administración ha ejercitado sus potestades de organización de manera arbitraria y desviada…”, añadiendo que “en consecuencia, ello evidencia que la calificación del nuevo puesto se ha hecho apartándose del fin que justifica el ejercicio de la facultad de autoorganización, e incurre en desviación de poder, lo que determina su nulidad”. “Lo suprimió y creó una serie de puestos de trabajo que tampoco se ajustaban a la legalidad; razón por la cual el TSJCLM también la condenó”, ha explicado Guarinos, “por actuar de manera arbitraria y por desviación de poder, algo que es gravísimo en una administración. Y todo esto se hizo para eliminar a la persona que estaba de director gerente”.