Investigan al ex alcalde de Alcázar, el socialista Sánchez Bobdalo, por adjudicar 18 millones a 3 empresas

En cuatro años (2006-2010), Aguas de Alcázar, creada en su día para gestionar este servicio, adjudicó contratos por 25 millones de euros. El 75% de ellos (18 millones) fueron a parar sistemáticamente a las mismas tres empresas.

El responsable de este curioso modus operandi es el ex alcalde, el socialista José Fernando Sánchez Bódalo, amigo y discípulo del ex presidente de la Caja Castilla-La Mancha (CCM) José Antonio Hernández Moltó, e imputado como él en la causa que investiga las irregularidades cometidas en esta identidad. En el caso de Sánchez Bódalo, miembro de la comisión ejecutiva y presidente de la comisión de inversiones de CCM, no es su única imputación. El pasado lunes declaró ante la juez a cuenta de su gestión como alcalde -era el presidente de Aguas de Alcázar-, tras la querella presentada hace más de un año por el actual equipo de gobierno (PP y Ciudadanos de Alcázar).

La instrucción ha revelado una total falta de control de las obras realizadas en el municipio a través del subterfugio de la delegación. El 15 de octubre de 2003 el consejo de administración de Aguas de Alcázar, presidido por Sánchez Bódalo, decidió ampliar su objeto social para pasar a ocuparse de todas las obras del municipio, a pesar de carecer de infraestructura y medios personales para ello. Apenas ocho o 10 fontaneros y una retroexcavadora para hacerse cargo de contratos que llegaron a alcanzar los 2,5 millones de euros.

El resultado fue que se contrataba sistemáticamente con terceros, saltándose las normas básicas del procedimiento y eludiendo el mínimo control. La querella que dio origen a la instrucción apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por todo un rosario de irregularidades: licitaciones de contratos antes de que el Ayuntamiento encargara la obra a Aguas de Alcázar, ausencia de los necesarios informes técnicos y jurídicos, redacción del proyecto por parte de la propia adjudicataria, sobrecostes de las facturas y falsas certificaciones de obra.

Toda esta documentación está siendo analizada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan. Junto a Sánchez Bódalo está imputado un concejal, Benito Montiel, vicepresidente de la entidad. Con ellos en el Ayuntamiento y, por extensión, al frente de esta empresa, se tomó la decisión de que Aguas de Alcázar asumiera el control del sistema de contratación del municipio.

También ha sido imputado un alto funcionario a quien, al margen de su sueldo como empleado de la entidad de aguas, se abonaba el 2% del presupuesto de ejecución de cada proyecto, que él mismo redactaba y dirigía. Si lo hacía otro, cobraba un 1%. Según la documentación que acompaña a la querella, en 2008 se le pagó 140.000 euros y en 2009, 124.000.